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El Estado de Derecho no puede estar en "tregua"

Comunicado de prensa del Foro de Ermua, 31 de marzo de 2006.

Madrid, 31 de marzo de 2006. El FORO ERMUA, como organización cívica y junto a las asociaciones de víctimas mayoritarias, ha manifestado recientemente que la situación actual podría dar lugar a un proceso que logre terminar con el terrorismo. Así será si se actúa con unidad y el Gobierno demuestra a ETA que no tiene capacidad alguna para influir, modificar o suspender el Estado de Derecho. Es imprescindible dejar claro que sus llamadas “treguas” no pueden ser utilizadas como parte de la estrategia terrorista para llevar a cabo negociaciones bajo chantaje o para detener la aplicación de las leyes de las que nos hemos dotado para defendernos del terrorismo y de la propia ETA.

BATASUNA, según Sentencia firme del T.S., es un instrumento de ETA. Está calificada como organización terrorista por la U.E., los EE.UU. y, de manera cautelar, por la Audiencia Nacional. Se encuentra ilegalizada y tiene prohibida toda actividad, tanto por el Tribunal Supremo, como por la Audiencia Nacional.

A pesar de ello, ha reunido su autodenominada Asamblea Nacional, ha procedido a elegir un nuevo órgano de dirección (Mesa Nacional) y ha difundido el viernes pasado, 24 de marzo, un comunicado público, leído expresamente en nombre de BATASUNA por tres de sus dirigentes (entre los que se encontraba JOSEBA PERMACH) instando al Gobierno a que pague un precio político por el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad.

El comunicado coincide de manera objetiva con los fines, argumentos y hasta expresiones literales vertidas en el comunicado emitido por ETA en el que anunciaba su “tregua” y viene a completar la estrategia de esta organización terrorista.

Estos hechos presuntamente son constitutivos de:
  • Un delito de desobediencia a la Sentencia de ilegalización del Tribunal Supremo.
  • Un delito de quiebra de la medida cautelar de suspensión de actividades dictada por la Audiencia Nacional.
  • Un delito de reunión ilícita.
  • Un delito de pertenencia y/o colaboración con banda terrorista.
A día de hoy, no tenemos ninguna noticia de que la Fiscalía haya ejercido acción alguna para la persecución de estos delitos flagrantes. La pasividad de la Fiscalía General del Estado ante el desacato público y expreso al Estado y su cambio de posición el pasado miércoles frente a la solicitud de prisión provisional de Otegi, no permite augurar nada positivo. Mal futuro nos espera si quien tiene, como misión institucional, defender la legalidad renuncia a imponer el cumplimiento de la Ley y mira hacia otro lado porque ETA, en un movimiento estratégico, decide suspender los asesinatos para forzar una negociación política. Si no se persiguen los delitos flagrantes, ¿cómo confiar en que no se ceda ante ETA?, ¿cómo confiar en que no se va a pagar un precio político por el fin del terrorismo? Es obvio que no perseguir los delitos en los tribunales es ya, de por sí, un precio político.

Una gran parte de la sociedad y organizaciones cívicas y de víctimas hemos dado un voto de confianza al Presidente del Gobierno con objeto de que aproveche esta ocasión para conseguir la derrota del terrorismo a manos de la democracia. Insistimos en que para ello es fundamental dejar claro, de manera rotunda y firme, que ETA no tiene ninguna capacidad para alterar el Estado de Derecho, ni la aplicación de la Ley, ni para condicionar en su favor el debate político, ni con treguas permanentes ni instrumentales, ni sin treguas. Cualquier conversación que se pudiera mantener con ETA tendrá que hacerse desde la unidad de los demócratas y única y exclusivamente para cerrar el proceso de su rendición. Por supuesto, dichas conversaciones en ningún caso deberían detener o frenar la actividad de persecución policial y judicial del crimen organizado.

Por ello, y dado que el mantenimiento de la confianza requiere hechos y no sólo intenciones o palabras, desde el FORO ERMUA pedimos al Gobierno que, al amparo del artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que dispone: “El Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público”, proceda a interesar del Fiscal la persecución ante los tribunales de los delitos flagrantes cometidos por los representantes de la ilegalizada BATASUNA al actuar en nombre de ésta, saltándose las prohibiciones de actividad que sobre la misma pesan y completando en el frente político la actividad de ETA, y que interese el apoyo expreso de la Fiscalía a la querella criminal que hoy mismo ha interpuesto el FORO ERMUA ante la Audiencia Nacional.

La pasividad del Gobierno ante un asunto de esta gravedad, sería un pésimo síntoma respecto a la solidez del compromiso del Presidente de no pagar precio político alguno a ETA por dejar de matar y respecto a su voluntad de preservar la democracia frente a cualquier estrategia o táctica de ETA.

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