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Manifiesto de los Empresarios Constitucionalistas del Foro Ermua

Foro de Ermua, 20 de julio de 2006

Pamplona 20 de Julio de 2006. Después de años de resistencia en silencio, empresarios vascos, navarros y de todas las regiones de España, unidos por nuestra identificación sin fisuras con la Constitución de 1978, hemos decidido, aunque la experiencia de cada uno es distinta, constituir la Plataforma de Empresarios Constitucionalistas del Foro Ermua. En nuestra peculiar situación, vergonzosamente insólita en un país de la Unión Europea, queremos hacer públicos en nuestro manifiesto fundacional los siguientes puntos:

1. Durante décadas hemos sufrido la extorsión de ETA y la constante amenaza sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros negocios y sobre nuestro patrimonio sin que hayamos estado en ningún momento debidamente protegidos desde las instituciones. Los que vivimos, o hemos vivido, en el País Vasco ni siquiera hemos estado seguros con un Departamento de Interior cuyos responsables llegaron a desamparar, con su discurso político, a la propia Ertzaintza ante los ataques del mundo de ETA y a cerrar el camino de la deseable colaboración con los otros cuerpos de seguridad al considerarlos pública y explícitamente como “fuerzas coloniales de ocupación”. Es hora de plantear la cuestión de la seguridad en su verdadero dramatismo. ¿Qué protección frente a ETA cabe esperar de quienes se expresan así?

2. El insincero y retórico izquierdismo del que hoy hace gala el mundo nacionalista sin excepción, y por desgracia el propio Gobierno de la Nación, abunda en la frívola identificación del colectivo empresarial con lo reaccionario y en nuestra deslegitimación tradicional como sector democrático digno de respeto. Esta identificación absolutamente injusta, dado el estabilizador papel del empresariado durante nuestra transición democrática, es especialmente deplorable en el contexto vasco en el que al compromiso democrático se ha añadido el compromiso moral de permanecer en nuestra tierra creando riqueza en condiciones de hostilidad y de peligro. Creemos que, en lo que respecta a la visión de la figura del empresario, ha llegado la hora de la madurez para nuestra clase política y para una sociedad que no sólo ha aceptado el sistema de libre mercado sino que además cuenta con importantes sectores nacionalistas que, desgraciadamente, se han beneficiado hasta lo ilícito en las bien conocidas redes “clientelares”, entre otros casos de corrupción, y en el propio entramado para la financiación del terrorismo, a través de los llamados “yuppies de ETA”, encausados en el sumario 18/98 del Macrojuicio contra la banda terrorista.

3. ¬Ejerciendo la libertad, que se nos niega y con el objetivo de alcanzarla plenamente en un día próximo, nos negamos, en privado y en público, a que con nuestro dinero se financie el terrorismo y se rearme ETA. Es decir, nos negamos a pagar ese mal llamado “impuesto revolucionario” durante la mal llamada “tregua” o “alto el fuego”. Lo realmente revolucionario en el País Vasco y en Navarra, y puede hacer digna la paz con libertad a la que aspiramos, es la resistencia democrática al chantaje habitual de los extorsionadores del independentismo totalitario.

4. Llamamos a la rebeldía cívica porque creemos que esta situación ha de servir para que ETA renuncie de manera definitiva a la extorsión, como resultado de una reacción institucional y social que les obligue a esa renuncia. En nuestra mano está negarnos, pero en manos del Gobierno está la obligación de hacerles frente con todos los resortes del Estado de Derecho y con todos sus altavoces mediáticos. Y en manos de la sociedad está demandar, secundar y arropar este compromiso de resistencia que hoy hacemos público. Exigimos el amparo no ya sólo policial sino también ideológico y social que merecemos para hacer frente a este reto.

5. El hecho de que las cartas de extorsión de ETA a empresarios sigan llegando después del comunicado en el que la banda terrorista explicitaba su chantaje a la democracia española y a la francesa es una evidencia, que el Gobierno ha querido primero negar y luego ignorar. Estas cartas no hacen sino expresar el chantaje económico paralelo y consecuente con el político que escenifica una amenaza terrorista real.

6. Pensamos que ha llegado el momento de que formulemos, por fin, nuestra situación y nuestras justas demandas en términos de ideología y de ética democráticas. El empresariado es uno de los sectores más castigados, y a la vez más desprotegidos, por esa cara tan genuina de ETA: la del chantaje. Denunciamos la doble moral de unos representantes políticos y de una sociedad que abrazan en la vida diaria la economía liberal pero luego nos desamparan ideológica y moralmente para hacer frente a los enemigos de la libertad y de la seguridad de todos.

7. Finalmente, queremos hacer pública nuestra rebelión no sólo ante ETA y sus extorsiones, ni ante la situación de inseguridad física que hemos mencionado, sino también ante la inseguridad económica a la que condena de manera habitual el nacionalismo vasco con sus descabellados órdagos al marco institucional y de convivencia. Denunciamos, también, la inseguridad a la que nos condena el propio Gobierno de la Nación al plantear negociaciones con los terroristas y con sus cómplices políticos. Como empresarios merecemos un clima propicio para nuestro trabajo que palie en lo posible, y no que agrave indefinidamente, el riesgo inevitable que por sí mismas puedan conllevar nuestras inversiones. Nos rebelamos ante la proverbial inconsciencia del nacionalismo vasco que se ha beneficiado de la prosperidad general, sirviéndose de ella para alimentar las demandas políticas que socavan la estabilidad y el progreso. La inseguridad personal, la extorsión y la irresponsabilidad del nacionalismo en el poder han provocado que muchos de nosotros abandonáramos el País Vasco. Nos rebelamos ante la situación económica que hoy tiene nuestra tierra y que podía haber sido significativamente mejor, sin ETA. Con nuestro dinero no se va a financiar la banda terrorista y con nuestro silencio no vamos a dejar que se financien los desafíos nacionalistas a la legalidad constitucional y al orden económico en que vivimos unos y otros.

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