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El gobierno Berenguer disuelve la Asamblea Nacional creada por el régimen anterior

El Imperial, 16 de febrero de 1930

«Señor: La Asamblea Nacional que se organizara con arreglo al decreto-ley de 12 de septiembre de 1927, carece de toda misión en momentos, como los actuales, en que se aspira al restablecimiento de la normalidad constitucional del país, y en e que se estima que no existe para ello otro camino que el del funcionamiento de los Poderes ordinarios del Estado. Si razones obvias obligaron a admitir de antemano dimisiones que con reiteración hubo de presentar la Mesa de dicha Asamblea, cree el gobierno que hoy, sin precipitaciones ni demoras, es llegado el instante de poner término a la actuación del organismo consultivo expresado.

»Pero no cabe olvidar que, ligado al servicio de la Asamblea Nacional, se halla el de los edificios en que los Cuerpos Colegisladores tienen su residencia; y que al alterarse el régimen de la Asamblea aludida se necesita arbitrar recursos con que atender al sostenimiento de los palacios respectivos y se requiere asimismo restituir a sus funciones a los empleados de las Cortes, cuya pericia, de otra parte, puede ser objeto de provechosa utilización hasta que se reanude la vida parlamentaria.

»El presente decreto-ley se ocupa, por tanto, de dar solución a los problemas administrativos y económicos que la modificación introducida hace surgir, y por ello, y ante todo, regula la organización de Comisiones o Juntas que de modo más duradero y no con el carácter interino o precario a que respondiera el decreto de 4 de este mes, haga frente a tales cuestiones.

»No existiendo en nuestro vigente régimen jurídico una institución como la antigua Diputación permanente de Cortes o como las Comisiones permanentes que modernas Constituciones extranjeras establecen para mantener la continuidad entre dos Parlamentos, falta un órgano encargado de llenar las funciones administrativas referentes a las Cámaras en los períodos que median desde la disolución de unas hasta la reunión de otras.

Los reglamentos de los Cuerpos colegisladores habían previsto el caso para los interregnos entre dos legislaturas; pero no consignaban precepto expreso con respecto a los interregnos entre uno y otro Parlamento, aunque la práctica viniera a suplir la laguna con una aplicación analógica de disposiciones. A su vez, el reglamento de la Asamblea Nacional tampoco pudo regular el caso, dada la índole transitoria y provisional del propio organismo.

»Disueltas las últimas Cortes, sin Comisiones de gobierno interior de cuyo seno pueda salir la Permanente llamada a desempeñar sus funciones, y sin precepto taxativo que trace cauce adecuado, resulta necesario arbitrar, a base de elementos técnicos, una solución que, organizando en cada Cámara una Junta de gobierno interior, permite hacer frente a los servicios administrativos y realice en su día los indispensables trabajos para la reanudación de la vida legislativa, aparte de liquidar las tareas pendientes, rendir cuentas de la gestión financiera del organismo consultivo disuelto y llevar a cabo cuantas gestiones sean precisas para la debida conservación y régimen de los palacios de ambos Cuerpos colegisladores.

»Fundado en las expuestas consideraciones, el presidente que suscribe, de acuerdo con el Consejo de ministros, tiene el honor de someter a la aprobación de Vuestra Majestad el adjunto proyecto de Real decreto-ley:

»A propuesta del presidente de mi Consejo de ministros, y de acuerdo con éste, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.: Queda disuelta la Asamblea Nacional, creada por el decreto-ley de 12 de septiembre de 1927.

»Art. 2.: Las funciones asignadas a las Comisiones de gobierno interior de los Cuerpos colegisladores en sus reglamentos y en todas las disposiciones concordantes quedarán atribuídos a las Comisiones o Juntas técnico administrativas a que se refiere en su art. 2.: del Real decreto de 4 del corriente.

»Art. 3.: Causarán baja desde la disolución de la Asamblea Nacional todos los créditos consignados en presupuesto para atenciones estrictas de su servicio propio, quedando amortizados desde luego en cuanto a las dozavas que restan del ejercicio económico.

»Art. 4.: Subsistirán durante el presente ejercicio los créditos consignados para personal y material del Senado en los tres artículos de la Sección segunda de las Obligaciones Generales del Estado.

»Asimismo subsistirán los que dentro de la propia Sección figuran para atenciones del Congreso de los Diputados en los tres artículos de los capítulos III y IV, cifrándose la partida de «Material» en la cantidad de pesetas 600.000, que se abonará en once mensualidades.

»Finalmente, como el art. 3.: del capítulo III, con el epígrafe de «Personal auxiliar mecanográfico», y hasta que las Cortes dispongan su régimen definitivo, se consignará la cantidad de 24.750 pesetas, que ha sido baja en los créditos de la Asamblea Nacional, y que se abonará por mensualidades equivalentes a undécimas partes de dicha suma.

»Art. 5.: Se reintegrarán a sus destinos los funcionarios del Senado. Hasta tanto que se reúnan nuevas Cortes, y a fin de que no queden indotados los servicios, seguirán actuando en el Congreso y percibiendo haberes con cargo a sus fondos, sin que ello implique cambio de su situación administrativa, los funcionarios de la escala auxiliar mecanográfica que, previa oposición libre, ingresaron para los trabajos de la Asamblea Nacional; librándose las oportunas cantidades con cargo al crédito que al final del artículo precedente se consigna.

»Los funcionarios del Senado y del Congreso que no tuviesen un trabajo diario e intensivo en dichos Cuerpos colegisladores, estarán a disposición de la Presidencia del Consejo de ministros para utilizar sus servicios transitoriamente, y en Madrid, a favor de los intereses nacionales.

»Art. 6.: Las cuentas de la Asamblea Nacional, una vez liquidados a la posible brevedad los créditos y débitos a ella referente, serán rendidas al Tribunal de Cuentas del Reino por la Junta técnica del Congreso de los Diputados.

»Art. 7.: Los edificios del Senado y del Congreso quedarán privativa y exclusivamente adscritos a los servicios de su peculiar función, sin que puedan ser utilizado para ningún otro cometido, salvo excepcional y expresa autorización del Consejo de ministros, quedando responsables, las respectivas Juntas técnicas del cumplimiento de esta medida.

»Art. 8.: La Presidencia del Consejo de ministros resolverá la Real orden cualesquiera dudas que pudieran suscitarse en la aplicación del presente decreto, y dictará asimismo las disposiciones pertinentes para cumplida ejecución de cuanto en el mismo se establece.»

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Una brigada de bomberos procedió ayer a quitar del frontispicio del Palacio del Congreso el título de asamblea Nacional; restaurando el primitivo de Congreso de los Diputados.

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